Se trata del juez octavo familiar, Juventino Barriga Parra

Piden la pronta intervención del presidente del Poder Judicial

Tijuana. – Para denunciar la mala práctica del Juez Octavo Familiar, Lic. Juventino Barriga Parra en el caso de la madre de familia Alejandra Isabel Antelo, quien a consecuencia de ello, no ha tenido contacto con sus hijos de 4 y 6 años de edad respectivamente, hicieron un llamado al presidente del poder judicial para que esté atento al caso y tome las resoluciones pertinentes.

“Desde noviembre del año pasado no he podido convivir con mis hijos debido a que fueron sustraídos por sus abuelos paternos que residen en Estados Unidos, argumentando que uso drogas y represento un peligro para ellos, sin embargo, ahí están los exámenes toxicológicos para comprobar que esto no es cierto” relató la madre afectada.

Por su parte la Lic. Reyna Ramírez Oropeza, presidenta del INDEDH, Instituto de Defensa Estratégica de Derechos Humanos quien es abogada de la afectada, aseguró que el juez Octavo de lo familiar ha favorecido con su actuar en el distanciamiento de la madre con los niños, toda vez que ha permitido que los abuelos los retengan siendo que uno de los menores está enfermo de epilepsia y debe de tomar medicamento con estricta vigilancia.  

“Sin duda, Alejandra, la madre ha sido violentada en sus derechos en cuanto a la impartición de justicia familiar, donde al igual que otras familias se les ha puesto diversos obstáculos a los denunciantes durante el proceso” señaló Reyna Ramírez.

Según las declarantes, ya presentaron denuncias penales que están en proceso de judicialización además de quejas ante el Consejo de la Judicatura por la actuación del juez, por lo que hicieron un llamado al presidente del Poder Judicial atender el tema con la celeridad y respeto que se merece, porque se están violentando los derechos de una madre que sólo desea estar con sus hijos.

“El juez se ha negado a dejar de conocer del asunto, es decir que no se quiere excusar y ya hay condiciones para ello, porque hay una denuncia penal de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, además de una queja en su contra y que lo hemos evidenciado en redes y a raíz de esto ha actuado de manera ilegal favoreciendo a la contra parte y dictando resoluciones que le perjudiquen a mi representada”, finalizó la abogada Reyna Ramírez.

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