Ciudad de México.– Un punto de acuerdo para exhortar a autoridades federales, estatales y municipales a reforzar acciones contra la suplantación de identidad y el abuso de poder en corporaciones de seguridad pública fue presentado por el senador del PAN por Baja California, Max García.
El legislador señaló que la iniciativa surge tras diversos hechos registrados en Tijuana, donde se han reportado irrupciones en zonas residenciales por individuos armados que se identifican como autoridades y utilizan uniformes, vehículos y equipamiento con apariencia oficial.
Max García advirtió que existe un vacío regulatorio que facilita la adquisición de insignias, uniformes tácticos y vehículos con características oficiales por parte de grupos delictivos, lo que representa un riesgo para la ciudadanía y la confianza institucional.
Subrayó que, por su condición fronteriza y complejidad metropolitana, Tijuana requiere acciones contundentes, transparencia y resultados. Agregó que cuando la población teme que cualquiera pueda “parecer autoridad”, se debilita la democracia y se fortalece la simulación criminal.
El senador también planteó la posibilidad de que, además de casos de suplantación, pudieran existir elementos activos involucrados, por lo que consideró indispensable fortalecer los mecanismos de supervisión, control interno y evaluación de confianza en corporaciones de seguridad pública.
El punto de acuerdo propone la creación de un Protocolo Nacional de Identificación Verificable de Operativos Oficiales, que incluya herramientas tecnológicas como códigos visibles de verificación, registros digitales consultables y sistemas de trazabilidad para distinguir operativos legítimos.
Asimismo, exhorta a reforzar el control sobre la fabricación, comercialización y distribución de uniformes, insignias y accesorios tácticos de uso exclusivo de corporaciones de seguridad pública.
Finalmente, pidió que, en caso de confirmarse la participación de elementos activos en irregularidades, se inicien procedimientos administrativos y penales correspondientes, garantizando transparencia e informes públicos sobre el estado de certificación institucional.
