Tijuana.-La Fiscalía Anticorrupción de Baja California mantiene activas más de 60 carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos del Estado y diversos municipios, informó su titular, Javier Salas Espinosa.
De acuerdo con el fiscal, se investigan 40 casos que involucran a 170 funcionarios estatales y 19 carpetas con 61 servidores públicos municipales, principalmente por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Salas Espinosa detalló que los casos más frecuentes se relacionan con adjudicaciones directas irregulares y manejo indebido de recursos públicos, además de peculado y abuso de autoridad. El monto total presuntamente desviado asciende a más de mil millones de pesos, con 420 millones imputados a funcionarios del Gobierno del Estado y 607 millones a servidores del Ayuntamiento de Tijuana.
El fiscal adelantó que en las próximas semanas se realizarán audiencias en Mexicali y Tijuana, donde comparecerán exfuncionarios municipales y estatales. Entre las fechas programadas se encuentran el 23 y 24 de octubre, así como sesiones para noviembre, diciembre y enero. En total, cinco exservidores públicos del Ayuntamiento de Tijuana serán imputados por adjudicaciones directas irregulares.
Hasta el momento, la dependencia ha conseguido una sentencia condenatoria contra un exoficial mayor del Gobierno del Estado, sentenciado a un año y siete meses de prisión, aunque con libertad bajo beneficio legal. A pesar de ello, Salas Espinosa aseguró que se evitó un daño patrimonial por 900 millones de pesos, derivado de un reconocimiento de deuda que no llegó a concretarse gracias a la denuncia penal.
El fiscal reconoció que la institución comenzó sus operaciones plenas hasta enero de 2024, tras varios meses sin infraestructura ni personal, y actualmente cuenta con 20 trabajadores entre ministerios públicos, policías y personal administrativo. Añadió que el rezago en denuncias apenas alcanza el 5%, y que los tiempos promedio de investigación oscilan en ocho meses desde la presentación de una denuncia hasta la solicitud de audiencia para imputación.
