Tijuana.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa y a su brazo armado, en un operativo financiero que incluyó a cinco personas, empresas y, de manera destacada, a la exalcaldesa de Playas de Rosarito,
y actual diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, por su presunta relación con el grupo criminal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) reveló que Brown habría facilitado, junto con operadores del cártel, el control de la facción en Rosarito durante su administración municipal.
Según el comunicado, el empresario Jesús González Lomelí y el operador político Candelario Arcega Aguirre fungieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Alfonso y René Arzate García, aliados de Los Mayos.
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que sigue traficando drogas, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, advirtió por medio del comunicado, John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Rosarito, corredor estratégico para el narco
El gobierno estadounidense señaló que Rosarito, por su ubicación cercana a la frontera, constituye un corredor esencial para el trasiego de drogas hacia California.
Bajo el mando de René Arzate, alias “La Rana”, Los Mayos han operado actividades de secuestro, extorsión, lavado de dinero y corrupción política en la región.
Bienes bloqueados y empresas sancionadas
Además de los individuos, OFAC sancionó 14 empresas ligadas a González, entre ellas bares y restaurantes de Rosarito utilizados presuntamente para lavar millones de dólares.
El gobierno estadounidense bloqueó todos los bienes y propiedades en su territorio relacionados con los sancionados y prohibió a ciudadanos y empresas de Estados Unidos . realizar transacciones con ellos.
Recompensa por “El Ruso”
La sanción también incluyó a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder armado de Los Mayos y figura clave en Baja California. El Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura o condena.
