Padres de Silvia Aurora, niña de cinco años atropellada y fallecida en agosto de 2025 por una conductora en estado de ebriedad, denunciaron una serie de irregularidades, omisiones y presiones legales durante el proceso judicial, en el marco de una protesta realizada para exigir justicia y condiciones de movilidad segura.
Señalaron que el sistema permite que personas imputadas por hechos similares obtengan su libertad y posteriormente se den a la fuga, al aprovechar vacíos legales y plazos limitados para la vinculación a proceso, aun cuando las víctimas se encuentran hospitalizadas o enfrentando duelos recientes. Expusieron que existen múltiples casos previos y posteriores con características similares —personas atropelladas por conductores alcoholizados— donde no ha habido reparación del daño ni sentencias firmes, lo que demuestra que no se trata de hechos aislados.
Indicaron que, en su caso, han enfrentado constantes intentos por modificar la medida cautelar, suspender el proceso, promover amparos y forzar mecanismos de mediación, lo que ha significado una revictimización continua y la imposibilidad de vivir un duelo en condiciones de dignidad. También denunciaron presiones para aceptar una reparación económica, misma que rechazaron desde el inicio al considerar que ninguna cantidad puede compensar la pérdida de una vida, ni el daño causado a su familia.
Afirmaron que no recibieron apoyo institucional para los gastos funerarios y que fue la sociedad civil quien los respaldó en los momentos más críticos. Reiteraron que su exigencia es una sentencia y un precedente legal que fortalezca la tipificación del dolo eventual en casos de conducción en estado de ebriedad, para evitar que más familias enfrenten situaciones similares.
