Tijuana.– El feminicidio de Wendy Martínez, perpetrado el pasado 21 de mayo dentro del Hospital General de Tijuana, expuso fallas graves en los protocolos de seguridad de las instituciones de salud pública, dejando en evidencia una cadena de omisiones que ahora las autoridades estatales y federales intentan corregir a contrarreloj.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció que el hecho se debió a una “cadena de errores” y sostuvo que su gobierno está en contacto con los familiares de la víctima. Aunque prometió medidas inmediatas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado, la mandataria no precisó hasta qué punto se permitirá que las responsabilidades escalen más allá del personal operativo.
“Estamos revisando los protocolos con la Secretaría de Salud, fue una falla muy lamentable”, expresó, agregando que ya se evalúan acciones contra el personal directamente involucrado.
Por su parte, el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, calificó el crimen como un “hecho inédito”, pero admitió que existía la falsa tranquilidad de que el área de urgencias estaba resguardada. El agresor logró entrar disfrazado de enfermero, lo que sugiere una vulnerabilidad estructural en los controles de acceso.
En respuesta, anunció que todo el personal médico y estudiantes deberán portar gafete visible, además de que se analiza instalar detectores de metales, una medida que reconoció podría generar retrasos en el acceso al hospital. También se gestionó la presencia de resguardo federal al tratarse de una instalación bajo el esquema IMSS-Bienestar.
Mientras tanto, la fiscal general María Elena Andrade confirmó que el presunto agresor, un menor de edad, ya fue identificado y que existen avances en la investigación. No obstante, reveló que al momento del ataque no se encontraba activa la custodia de seguridad, lo que genera dudas sobre la supervisión y responsabilidad institucional.
